El atrevimiento de la ignorancia

La verdad y la razón son patrimonio de todos.

Michel de Montaigne

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   Hace unos meses, las citas de un ensayo que compartía en la red un antiguo colega llamaron mi atención. Redundaban en la pérdida de los valores de la educación y sobre su cambio de papel en el mundo dominado por la política neoliberal. Casi corrí a buscarlo. Intuía que el tiempo que le dedicara me serviría para tomar distancia o aliento y repensar algunas cuestiones a las que nunca damos el espacio suficiente, pues la enseñanza es una profesión que deja poco margen al reposo. Quien da clases en secundaria lo sabe.

  La lectura, finalmente, ha resultado más que provechosa, casi diría inspiradora, aunque el adjetivo me chirríe un poco. El ensayo se titula, algo provocativamente, Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. Plantea precisamente las preguntas que aún no había llegado a formularme sobre ciertos temas, como la innovación, y confirma mis sospechas en cuanto a otros, como la legislación educativa o el papel de la pedagogía. Su intención no es otra que nosotros, los docentes, paremos esta maquinaria enloquecida en la que se ha convertido la enseñanza y recuperemos los principios que nos devuelvan la dignidad y nuestro verdadero papel. Casi nada.

   Lógicamente, esto supone atar dos cabos, dos puntos de partida opuestos: por un lado, la situación actual de la educación y los cambios legislativos que la dirigen; por otro, rescatar una visión radical de su función, recordar su esencia y sus principios. El camino entre ambos extremos es extenso y cruza multitud de temas, pero intentaré dar cuenta de las conclusiones más certeras y útiles para cualquier profesor de a pie como yo.

   En primer lugar, un análisis medianamente riguroso de los cambios legislativos nacionales y los marcos educativos supranacionales revela un panorama descorazonador que hace un momento se ha agravado al desestimar el recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE. Pero, claro, dirán los jueces, si es que esta ley no supone apenas una diferencia con lo que ocurría antes. La nueva ley (2013) es constitucional porque, lisa y llanamente, lo mismo ya lo había permitido el partido denunciante, el PSOE, en la LOE y, en parte también, en la LOGSE. Para quien esté poco acostumbrado a estas siglas, lo intentaré sintetizar. Todas las modificaciones de la ley educativa de los últimos veinticinco años (cuatro, una de ellas no llegó a entrar en vigor) se han centrado en un solo propósito: adaptar la educación en España a los planes neoliberales de la UNESCO y, sobre todo, la OCDE, entidades supranacionales financiadas por los estados que exportan una concepción mercantilista de la cultura y la educación, un auténtico lobby que lleva décadas presionando para cambiar la tradición de la educación pública europea y liberalizarla como actividad económica que genere beneficios a los estados, sobre todo los que "importan" alumnos a sus universidades. Así,

los fines que se asignan al sistema educativo se limitan a sus funciones económicas: formación de la mano de obra para optimizar la productividad entendiendo el desarrollo de la personalidad en términos de "capital humano" (pág. 83).

   Esa idea de que el "servicio" educativo, concebido como empresa, tiene la función de acreditar competencias alcanzadas por el estudiante para su introducción en el mundo laboral es claramente perniciosa y atenta, como veremos, contra el principio más sagrado de la educación pública. Varios escándalos actuales lo atestiguan. Los comentaré al final.
   Cualquiera que lea el preámbulo de la LOMCE, por ejemplo, deberá contener su desesperanza como pueda. La ley (lo declara manifiestamente, en esto no engañó a nadie) solo pretende desarrollar

un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional (el subrayado es mío).

   Y ya. Lo mismo que puede hacer una ETT. O un curso del INEM. ¿Es esto lo que esperamos de un sistema educativo: formar empleados y falsos autónomos? ¿Se puede hacer un mayor elogio de la ignorancia? Pues a todo esto los profesores apenas nos opusimos, todo sea dicho. Unos días de huelga y ya si eso, aunque hubo algunas resistencias meritorias que contribuyeron a desactivar, entre otros, los propios sindicatos mayoritarios. Pero, claro, el caballo de Troya había entrado hace tiempo por la puerta del patio. ¿Quién iba a darse cuenta?

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   El profesorado, de hecho, se ha quejado con frecuencia del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de los cambios en la estructura de las programaciones didácticas y en la evaluación. Pero ¿hemos visto venir al toro? En ocasiones nuestra perspectiva es muy corta y está enredada en actividades inmediatas, en problemas cotidianos de convivencia y pormenores de evaluación, asistencia, tutoría... Esa es, creo yo, la causa de que no se estén percibiendo la gravedad y la amplitud de este cambio metodológico, pedagógico y, en fin, ideológico de la educación a la que nos dedicamos.
   No creo que la mayoría de mis compañeros esté de acuerdo con la introducción de la evaluación por competencias y de contenidos vacíos, que no aportan nada a las asignaturas y que hacen crecer el currículo hasta la extenuación y la ridiculez. Para que alguien se haga una idea, los docentes llevamos ocho o nueve años evaluando a final de curso con dos criterios completamente distintos: las competencias clave y los criterios de evaluación, aunque legalmente solo la segunda aparezca en el boletín y haga media (¡¿?!). Y el siguiente paso va a consistir en la evaluación detallada de cada criterio implantado en el currículo que forme parte de cada unidad didáctica, repitiendo este proceso por alumno, tema y trimestre sobre (en el caso de Lengua castellana y Literatura) más de 35 ítems por curso. Y no me quejo de que esto lleve mucho tiempo (cotizamos 37 horas y media como cualquier funcionario), sino porque:

• Le va a quitar tiempo a tareas mucho más trascendentales y productivas (corrección, orientación, investigación, búsqueda de materiales, elaboración de recursos propios...)
• Limita hasta un nivel kafkiano la libertad de cátedra.
• Es un método estúpido.
• No va a mejorar el nivel académico de los estudiantes (salvo, como siempre, en los entornos privilegiados, protegidos por los conciertos educativos).
• Va a disfrazar ese bajo nivel académico propiciando mejores resultados globales y mayor porcentaje de promoción de curso y titulación gracias a la sobrevaloración de criterios de evaluación sin trascendencia alguna en el aprendizaje.
• Limitará las críticas, el razonamiento y el interés por saber.

   Sin embargo, alguien ya pensó por nosotros que debemos hacerlo así porque es mejor y punto. Nos hemos convertido en buena parte en funcionarios atemorizados y resignados, presionados por la nueva consideración de las bajas laborales y atosigados por un montón de tareas administrativas de obligado cumplimiento cuya funcionalidad nunca se nos consultó. Por lo tanto, debemos parar, respirar y pensar: ¿qué sentido tiene todo esto?

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   Es así que, bajo estos auspicios, se han visto pervertidos los principios de la educación, sobre todo los de la educación pública. Los autores del ensayo, profesores de filosofía, lo saben bien. Los tres realizan una justa reivindicación del papel de la filosofía en la historia de la educación y en la creación de la educación pública, una de las mayores conquistas de la modernidad. Todos debemos reconocer cuánto debemos a los filósofos en este sentido, desde Sócrates a Kant. No hay mejor táctica que la radicalidad para volver al punto de partida y eso plantean Carlos, Olga y Enrique cuando recurren al espíritu de la Ilustración. 

   El tremendo esfuerzo de los filósofos ilustrados, menospreciado con frecuencia, no solo permitió establecer las bases de la igualdad jurídica de los ciudadanos, sino que propuso algo igual de revolucionario, si no más: entender que la libertad solo podría alcanzarse por medio de la educación. Y una vez garantizada la emancipación de quien fuera a la escuela, el siguiente paso sería hacer llegar esa escuela a todos y cada uno de los futuros ciudadanos, convertir su educación en un derecho, garantizar su universalidad. Por eso la educación básica debe ser siempre pública, obligatoria y autónoma. Por eso el profesorado debe ser funcionario, intocable por el poder, independiente como la judicatura, capaz de ejercer responsablemente su libertad de cátedra. Aunque parezcan tópicos, son estos principios los que permitieron que la ciencia llegara hasta aquí, más lejos que nunca.
   Escuela o barbarie contiene, en este sentido, un reproche importante a los agentes políticos de izquierda, que han asimilado desde mediados del siglo XX la idea de escuela a la de un aparato ideológico del estado y, por tanto, una institución puramente represiva. El papel de la escuela es, sin embargo, el contrario. Solo un pueblo ilustrado puede superar los mitos, las supersticiones, la ignorancia, en fin; solo una escuela pública puede garantizar la emancipación de los ciudadanos por medio del razonamiento y la ciencia (capítulo II).

   El alcance de este logro es incomparable, pero en las últimas décadas nos hemos alejado bastante del espíritu que lo propició. ¿Por qué? Nada más simple: el poder no se siente seguro con ciudadanos realmente libres, con acceso al bien más revolucionario, el conocimiento. Así, la tendencia de este tiempo en que nos ha tocado primero estudiar y después ejercer es la de despreciar la sabiduría y encumbrar la ignorancia. Por eso la OCDE concibe a los alumnos como futuros emprendedores o trabajadores que deben adaptarse a las circunstancias, no como ciudadanos libres que pueden aprender a razonar sobre el mundo.

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   La escuela, por supuesto, cambia con los años y se sirve de las nuevas tecnologías, faltaría más. Aquí no se trata de discutir si es mejor el tren a vapor que el AVE, la plumilla o el ordenador. Pero la legislación actual impone metodologías cuyo propósito no es aprender, acceder al conocimiento, algo que, de hecho, puede realizarse de múltiples formas, dependiendo de las circunstancias, de la naturaleza de las materias o de las virtudes del profesorado y del alumnado. Se proponen, por el contrario, técnicas que adaptan estas materias a los intereses de la sociedad (y las empresas) en una "perversión de lo que significa aprender" (pág. 197), porque

el aprendizaje no tiene sentido en sí mismo en esta dinámica de trabajo: lo tiene en función de lo que se adapte a un reto concreto con interés social: no es el conocimiento de una materia ni la reflexión crítica de sus contenidos (pág. 198, el subrayado es mío).

   En definitiva, no se entiende la propia curiosidad por saber como un fin en sí mismo, lo que, además de pernicioso y retrógrado, desviste al profesorado de su única autoridad posible: la del conocimiento, la de su especialidad, algo imprescindible de la etapa secundaria en adelante. Se entiende como "metodología definitiva" el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), un concepto que los autores asocian a teorías educativas de hace un siglo y que abunda en

los tópicos y dogmas del pragmatismo: la ludificación y la infantilización asociadas a una falsa libertad donde lo emocional prevalece sobre lo racional (pág. 209).

   Los profesores, según esta visión, tenemos un papel de meros motivadores dedicados al coaching, basándonos en teorías absurdas como la inteligencia emocional y el pensamiento positivo, necesarias, eso sí, para que las generaciones futuras se adapten perfectamente al entorno neoliberal de la empresa, donde el individuo está supeditado al beneficio y debe aprender a ser feliz sin reclamar sus derechos. Un papel muy moderno, a la vista está, pero irresponsable y éticamente insostenible.

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   Para que este cambio nefasto tenga sentido el terreno se ha ido abonando durante los últimos años con una campaña de desprestigio de la escuela y, en particular, de la escuela pública. Con este propósito ha diseñado la OCDE las pruebas que dan lugar a la clasificación torticera y malintencionada de las evaluaciones del informe PISA, inútiles tanto para el diagnóstico de las dificultades como para la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, invaden las noticias de unos medios de comunicación corresponsables en la pérdida de valor de la educación ilustrada y sus profesionales, sobre todo si son funcionarios. El ataque a la función pública está siendo, de hecho, demoledor en todos los ámbitos, fomentando la liberalización y la privatización de los bienes comunes a todos. No obstante, no hay mayor garantía de la solvencia e independencia de un profesional y, por supuesto, de un profesor o un maestro, que el hecho de que sea propietario de su puesto de trabajo, con toda la responsabilidad que ello implica y todas las mejoras que se puedan establecer en los métodos de acceso o en su desempeño laboral.
   Se tiende, sin embargo, a justificar y hasta elogiar los conciertos educativos, que contratan a dedo, seleccionan alumnado e imponen ideología con la connivencia de la supuesta "clase media", es decir, aquellos sectores sociales que hipócritamente no quieren mezclarse con los excluidos ni permitir que funcionarios con libertad e independencia pongan en cuestión su propia ideología. A esta contradicción alude Alberto Olmos en su artículo de esta semana. Recordemos: esta sociedad aún conserva el tremendo valor de que la educación de todos los niños se pague con el dinero de todos, seamos padres o no. No hay mayor gesto de fraternidad, a no ser que, en el declive del aprecio por lo que nos es común, lo desvirtuemos.
   De la misma manera que los conciertos, que en algunos lugares ya absorben a más de la mitad del alumnado, se justifican atrocidades como la idea de impartir materias en una lengua que no es la materna, como si la comprensión, el aprendizaje y los contenidos de una asignatura no se vieran afectados y, lógicamente, degradados. En los programas bilingües se ha impuesto, con una lógica absurda, la idea descabellada de que se puede aprender Geografía, Historia, Biología, Música, Matemáticas e incluso Filosofía en inglés en lugar de aprender inglés. ¿Por qué están teniendo éxito semejantes barbaridades? Pues porque sirven para segregar al alumnado según su procedencia socioeconómica dentro de un mismo centro. ¿Puede haber mayor inconsciencia e insolidaridad?
   Los autores de este ensayo no paran de recordarnos que no hay nada más revolucionario que una escuela pública obligatoria, financiada por todos e impartida por funcionarios elegidos por sus propios conocimientos, responsables con su función e independientes de la ideología que agentes externos quieran imponer. Tal vez una utopía de la que no estuvimos tan lejos.

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   Pero Escuela o barbarie encuentra muy buenos ejemplos de la deriva neoliberal y antiilustrada de la educación también en la universidad, que fue pionera en esta visión privatizadora y liberalizadora desde que en torno al cambio de siglo se gestaron las transformaciones que después fructificaron en el plan Bolonia. Aunque, por supuesto, también ha generado un movimiento de resistencia que, en su tiempo, fue también despreciado y ninguneado por los medios de comunicación mayoritarios y por los políticos progresistas, rendidos a la magia de la palabrería del mundo empresarial y las directrices del BM, la OMC, la OCDE, etc.

   La universidad, desde entonces, no solo ha perdido la autoridad del conocimiento, sino que se ha convertido en un mero mecanismo de acreditaciones con fines económicos y empresariales. Las titulaciones, en efecto, no dependen ya solo del rigor científico (puede impartirse hasta homeopatía) sino de la posibilidad de colocación que ofrecen a los estudiantes. La consecuencia en un sistema económico como el español, bien definido como capitalismo de amiguetes, es la vinculación necesaria entre títulos, instituciones privadas, empresas, prácticas, becas y empleo, fomentando el servilismo de los pobres estudiantes, obligados por la estructura del mercado de trabajo a obtener un título de especialización, los másteres dichosos que antes servían para acceder a la tesis doctoral en una trayectoria meramente científica o académica y que, por lo tanto, no absorbían intereses espurios. Obvia decir que uno de los másteres más populares es el de formación del profesorado, que sustituyó al CAP, en cualquier caso la etapa formativa más inútil de mi vida y de una buena parte de los docentes actuales. Hecha la ley, hecha la trampa.

  Los movimientos estudiantiles consiguieron, con todo en contra, que al menos las titulaciones de grado duraran cuatro años en lugar de tres, lo que habría encarecido muchísimo su formación. De todas formas, aun con la estructura del 4+1, la educación superior ha dado todo un vuelco. Cuando yo me licencié en el 2000 la matrícula de licenciatura (grado) costaba menos de la mitad, las universidades privadas eran anecdóticas y hasta los alumnos y profesores de la pública las menospreciábamos, los convenios con las empresas eran raros y unos pocos profesores, asociados. Actualmente las universidades, sin recursos públicos, no han parado de subir tasas y sí de ofertar plazas de oposición; contratan en precario, delegan funciones en instituciones académicas privadas, firman convenios con empresas interesadas en ahorrar costes de investigación y dirigen sus estudios y titulaciones según los vaivenes del mercado. Creo que no hace falta decir cómo en este periodo han prosperado las universidades privadas y se ha desatado la fiebre de los másteres.
   Y todo esto ¿habrá sido para mejorar su nivel académico y científico? Los escándalos que han saltado a las noticias en las últimas semanas evidencian que no, que el propósito no ha sido ni académico ni científico. El caso de Cristina Cifuentes es paradigmático por varios aspectos: primero, porque revela que la estructura de los estudios superiores actuales está encaminada a acreditar competencias en virtud de su empleabilidad; segundo, porque demuestra cómo las universidades, incluso las públicas, crean estudios ad hoc, de manera oportunista; tercero, porque visibiliza las relaciones de la universidad con el poder político, su sonrojante falta de autonomía, financiación e independencia; cuarto, porque exhibe el cinismo de esa casta que lleva mucho tiempo aprovechándose del dinero público en su beneficio; quinto, porque evidencia la segregación y la desigualdad de oportunidades entre estudiantes según su procedencia y relaciones sociales; y sexto y, por si fuera poco, aún más alarmante, porque supone una sublimación de la ignorancia, la mayor enemiga de la educación, un desprecio absoluto por el esfuerzo y la dedicación al estudio y la ciencia, que tanto progreso han procurado a la humanidad, cuya evolución en todos los campos es indiscutible. ¿Puede imaginarse un panorama más desolador?

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   Así que no se trata ahora de revisar currículums sino de recuperar principios e ideas que deberían estar por encima de cualquier consideración economicista. Que la escuela está perdiendo frente a la barbarie debido a la estrategia de largo recorrido que el neoliberalismo se vio en situación de implantar en el último cuarto del siglo XX y, sobre todo, en el XXI, es la tesis de este espléndido ensayo, que ha recibido elogios inesperados, incluso de Juan Manuel de Prada en la revista nacional de mayor tirada. Ojalá alguien le haya hecho caso, pero no creo que a sus autores les preocupe tanto la repercusión de su propia obra sino la concienciación sobre los problemas a los que los docentes nos estamos enfrentando y su dimensión ideológica, que hemos obviado con demasiada facilidad.
   Pero ¿a qué barbarie nos enfrentamos? Cuando los autores del ensayo retoman los principios ilustrados y el propósito de la filosofía nos desvelan su contrario: verdad, justicia, belleza. Ahora que los ignorantes exhiben sin pudor su atrevimiento y se permiten dar lecciones desde su puesto de poder, recordemos: hemos llegado a ser lo que somos gracias al pensamiento, la razón, la curiosidad y la ciencia; hemos alcanzado cotas impensables de libertad sobre la religión, la superstición, la clase social o la ideología gracias a ellas. No perdamos el norte.

Blackboard, de Winslow Homer, 1877,

Profes ridículos y políticos cínicos

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   Este curso voy a tener el dudosísimo honor de organizar por primera vez las pruebas finales de ESO y Bachillerato. Es lo que le toca a cualquier jefe de estudios de instituto que se precie. Puede considerarse un marrón, sí, pero no es eso lo que más me preocupa. 

   Esta semana se convocó una huelga en educación secundada por organizaciones de estudiantes y federaciones de asociaciones familiares. Su objeto principal era precisamente combatir la implantación de las pruebas finales, conocidas como "reválidas" por parecerse tanto al método de examen anterior a la Ley de 1970. Algunos profesores se unieron en unas cuantas comunidades autónomas, en general con poco éxito. En Andalucía, la huelga de profesores fue boicoteada por los sindicatos conniventes con el gobierno regional. En Galicia, por supuesto, no hubo. ¿Para qué?

   La huelga fue ayer. En mi instituto tuvo un seguimiento del 93% (de estudiantes, claro), aunque la Consellería no dio cifras ni hizo ninguna alusión en su web. Sí aparecieron en la prensa, aunque a Román Rodríguez no creo que le gustara. En otros lugares el seguimiento fue similar y con manifestaciones importantes. Pero aún voy más allá.

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   No me lo podía creer, me frotaba los ojos, pero cuando llegué a casa esta tarde el notición rebotaba por todas partes, de TVE a Antena 3, pasando por La Sexta y Telecinco... ¡Rajoy había hecho su primer gesto! ¡¡¡Había suspendido las reválidas!!! El corazón se me aceleró... hasta que me di cuenta de que el gobierno, el PSOE, Ciudadanos y todas las televisiones estaban ofreciendo información manipulada. Seré yo el único idiota del país, pero he leído el Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, de hecho me pagan por ello, y en su Disposición final primera dice tal que así:

Disposición final primera. Calendario de implantación.

1. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se implantará en el curso escolar 2016-2017. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria.

2. La evaluación final de Bachillerato se implantará en el curso escolar 2016-2017. La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la  Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.

   No había visto tal ejercicio de cinismo en mucho tiempo, una búsqueda tan ratera y oportunista de la noticia inexistente, de la publicidad institucional solapada. Qué vergüenza. Y ahí sigue publicado...

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   Así que he ido sacando conclusiones:

   La primera y principal es que el PP se ha salido con la suya y, con ellos, quienes están detrás del modelo educativo de la LOMCE, que en España son principalmente las empresas interesadas en la educación privada y concertada. La ley está en vigor desde 2013, ya está implantada en todos los cursos y todas las enseñanzas y el único detalle que falta, la guinda, son las pruebas de evaluación final que tendrán lugar por primera vez en junio de 2017. Ya lo veréis. Por mucho que sirvan solo como prueba piloto. 

   En junio el daño principal ya estará hecho y la sociedad en general y la comunidad educativa en particular habrán asumido que no pasa nada, que no es para tanto. Y adelante. Y si no, al tiempo. 

   Segunda conclusión: los profesores hemos hecho el ridículo. No solo por no haber secundado esta huelga o habernos planteado otras movilizaciones más serias (solo en Madrid se plantó cara a los recortes y ya sabemos cómo se desmontó su huelga). Hemos hecho el ridículo porque hemos delegado flagrantemente en otros y dejado de preocuparnos por las razones de nuestro trabajo. 

   Llevo meses, incluso un par de años escuchando que la ley no significa nada que ya nos la cambiarán cuando lleguen "los otros", que para qué andar tocando nada. Confiando en el ángel de la democracia representativa. Pero los otros han llegado y son los mismos y no piensan cambiarla porque, creedme, esta ley es una de las más importantes para el partido y su entorno ideológico. Porque solo la LOGSE había supuesto un cambio ideológico semejante en educación, solo que en sentido contrario: hacia la adaptación, la integración... Todo lo que esta ley pervierte y destruye para fomentar... el emprendimiento. Madre mía. Ante eso hicimos huelga, no sé, como tres o cuatro días en tres años. Bien. Y ya.

   La mirada de los profes se ha quedado muy corta. Todo el mundo se preocupa por una guardia a última hora de la mañana, ¿pero quién por la desaparecida diversificación curricular, por la opción de matemáticas en 3º o por los dos tipos de prueba final en 4º?; ¿quién por la optatividad de Filosofía en 4º de ESO y 2º de Bachillerato o por la organización del PMAR y los módulos de FP Básica o por los requisitos de admisión del alumnado en esos programas?

   Cuando hablamos de estas cuestiones encuentro un número importante de compañeros que disiente de las medidas de la ley, pero ni siquiera tengo la seguridad de que seamos una mayoría. De todas formas, el gobierno se ahorró ese problema. Impuso su criterio y basta. Saben que mucha gente prefiere que le manden.

   Tercera conclusión: los propios medios de comunicación  no se preocupan en absoluto de la educación, hasta el punto de que un periodista ignore los textos ya aprobados o desconozca los aspectos más generales de la ley. Ni siquiera tratan con objetividad los temas más básicos y les encanta hacer reportajes en coles concertados o privados porque molan más. Manipulan y difunden información tergiversada que no hace más que confundir a las familias. ¿O creen que después de hoy la mayoría de padres y madres sabe si sus hijos van a hacer o no el examen, cuándo, dónde, para qué va a servir, qué nota puede sacar o quién se lo va a corregir? Aventuro otro episodio parecido a este cuando el/la nuevo/a ministro/a publique el diseño de las pruebas antes del 30 de noviembre. Va a ser divertido cuando los chavales sepan por fin de qué van a examinarse y cómo después de tres meses de curso. Y aún faltarán las instrucciones de cada comunidad autónoma...

   En ningún estado medianamente razonable, como le gusta decir a Rajoy, puede un estudiante empezar un curso sin saber los criterios de evaluación. Pues ahí estamos nosotros, con dos cojones, poniéndolos en diciembre. Y los profes, admitiendo semejante desvarío, no podemos ser sino cómplices. Aunque luego no pasará nada. Casi todo el mundo aprobará como siempre y santas pascuas.

   Claro que, en ningún estado razonable habría políticos de tres partidos distintos adjudicándose el mérito de una decisión tomada hace tres meses por el ministro y recogida ya en el decreto de primaria y en la propia LOMCE.

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   Iré a clase una vez más, mañana mismo, abrumado por una situación tan vergonzosa; impotente, indignado y algo rabioso. Sé que para llegar aquí he hecho tanto como la mayoría de mis compañeros, que me he fijado en las tareas a corto plazo y me he olvidado de ver más allá. Qué complicado plantearse cualquier otra cosa, ¿verdad? Seguimos un ritual tan establecido... Timbre, puerta, patio, sala, pizarra, ordenador, libro...

   Al menos ayer los chavales faltaron a clase. A lo mejor llegan a plantearse medidas diferentes y llegan más lejos. Seguro que más que los profes y sus sindicatos. A poco. A alguien le escuché que se planteaban dejar todos los exámenes en blanco. Me encantaría. Sería precioso. Un 0 para todos. Hasta para nosotros.

Jugársela o...

"Nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo", 

 J. W. Göethe

   "Que se lixe a troika, queremos as nossas vidas" (a la mierda la troika, queremos nuestras vidas) fue el lema de las movilizaciones de ayer en Portugal. Claro que es mucho más políticamente incorrecto de lo que se podría esperar en este país tan aborregado. ¿Por qué? Probablemente porque los portugueses acaban de comprender a quién se enfrentan; ya han apuntado al enemigo, como pasó en Grecia. 

Basta de roubar o povo!

     Por el contrario en España aún no se tiene claro. No hay más que comparar aquel con el lema de la manifestación de Madrid: "¡Vamos! Quieren arruinar el país. ¡Hay que impedirlo!". Más allá de la odiosa sintaxis de este segundo, la diferente intención de los convocantes y de la mayoría de los participantes en cada una resulta patente: mientras el portugués se dirige a quienes controlan efectivamente su economía y, en consecuencia, gobiernan injusta e ilegítimamente, el de los sindicatos timoratos de España parece sacado de un libro de autoayuda. Lo mismo se puede decir de la única reivindicación: que el gobierno convoque un referéndum ¡para que se voten las leyes que ellos mismos han aprobado ya con su mayoría en el congreso! ¿De verdad puede haber un mayor disparate? Además de que el referéndum en cuestión nunca se daría, ¿no es una forma pacata de legitimar a la aristocracia política?

   El resultado de la manifestación, aunque sin carga policial, se acercó mucho al de la que apoyó la huelga de la minería el 11 de julio: envío de autobuses más o menos subvencionados, gritos y discursos protocolarios, mercadotecnia sindical y puntualidad británica a la hora de disolverse, de tal forma que quienes se unieron a la protesta en el llamado "bloque antideuda" (asambleas de barrio, sindicatos no subvencionados y otros colectivos) asistieron, otra vez perplejos, a un verdadero paripé de protesta, como refleja Enrique Flores en sus anotaciones.

   La verdad es que hace un año no parecía tan difícil de asumir una explicación coherente de la situación que provocara una verdadera movilización masiva y, al menos, pusiera en dificultades al gobierno, la UE y su maraña de instituciones y la clase alta. Podía suponerse que a estas alturas estaba claro que los partidos políticos mayoritarios estarían completamente deslegitimados, al igual que los sindicatos que no defendieron a los trabajadores; que la gente comprendería que no había que seguirles el juego a los poderosos, que el sistema capitalista había fracasado estrepitosamente y que, para solucionarlo, había que darle a todo una vuelta como de calcetín.

   Pero, sin embargo, no está pasando nada, como recordé en una entrada anterior: el gobierno cada vez toma medidas más injustas a favor de los dueños del capital y la inexistente clase media es más low cost que nunca y aún suspira "virgencita, virgencita...". El único acto de rebeldía ha sido comprar menos porque... no se puede, mientras el ensayo de sociedad que quería tender a la igualdad, la justicia, etc., se va deshaciendo como la capa de hielo del océano ártico.

   No quiero decir que nadie esté haciendo nada, solo que son pocos, muy pocos quienes verdaderamente están dando guerra a los dirigentes del desastre: hay unos miles de personas en un país de 45 millones que han propuesto movilizaciones mucho más reivindicativas y exigentes (las acampadas, manifestaciones no autorizadas, la próxima iniciativa de "Rodea el Congreso"...), han denunciado controles policiales, impedido desahucios...

   Lo suyo les cuesta, pues ha habido cientos de detenciones y miles de identificaciones y multas desde la primavera pasada, las últimas el sábado y precisamente bajo la consigna de eliminar cualquier referencia a la movilización del 25S, que es la que verdaderamente preocupa a los poderosos y su policía (incluso han identificado a los participantes en la asamblea que la organiza como posibles conspiradores sediciosos). Se la están jugando y, sin embargo, nadie parece entenderlo, tal es la falta de solidaridad.

   Y, de forma muy valiente, unos profesores madrileños se han atrevido a convocar una huelga indefinida sin el apoyo de la corte sindical (UGT, CCOO, STEM, ANPE, etc.) porque saben que con sus métodos no se consigue nada. Hoy no van a empezar el curso en secundaria. Y si estos profesores fueran suficientes, el caos y la presión serían tales que la Comunidad de Madrid tendría obligatoriamente que reconsiderar la situación y retroceder en sus propósitos.

   Este es el ejemplo. O nos la jugamos de alguna manera o puede darse todo por perdido. Lo siento si duele, pero veo mucha más gente resignada que rebelde y muy poca conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo. 

   Ojalá las próximas movilizaciones funcionen, reúnan a tantos como para que el resto se replantee su actitud y sirvan de ayuda a otras por venir. Ojalá la huelga que empieza hoy, aunque ignorada por los medios, empiece a cambiar mentalidades asustadas. Ojalá no se recuerden estos años por la desaparición de la solidaridad y la capa de hielo del Ártico. Ojalá, porque no tengo nada claro que escribir esto sea hacer verdaderamente lo que es necesario.

El profesorado, la base del éxito

Ya es septiembre, ya empieza el curso y unos 4500 profesores interinos que trabajamos en Andalucía hemos ido a inscribirnos a las listas del paro. Incluso interinos con muchos años de experiencia, los que creían que nunca llegaría este momento porque el número de alumnos en Andalucía crece año tras año, ya forman parte del número de parados del mes de agosto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/02/andalucia/1346614962_390169.html

La adjudicación de destinos que se publicó este verano fue un jarro de agua fría. Dejó claro, incluso a los más incrédulos, que la Junta iba a poner en marcha los recortes en educación sin rechistar lo más mínimo. Y eso que después de que formaran gobierno PSOE-IU muchos pensaban que los despidos masivos de interinos no iban a llegar a Andalucía. Y no era para menos, ya que a ambos partidos se les llenaba la boca hablando de la educación de calidad, del aumento de las plantillas, defendían la figura del profesor como pilar fundamental del sistema educativo...

http://www.psoeandalucia.com/media/uploads/noticias/documentos/programa_electoral_2012_web.pdf

Y a todo esto ¿qué dice IU? Pues a pesar de que en otras comunidades planta cara al recorte de plantillas en educación e incluso apoya la huelga indefinida del próximo septiembre en Madrid, en Andalucía no dice nada. El único requisito que impuso a su socio de gobierno fue la comisión de los ERE pero, ahora, que tarden dos semanas en cubrir una baja y que los niños estén sin profesor, que despida a miles de interinos o que un profesor de francés tenga que enseñar lengua parece que no les importa demasiado. Aunque ellos defendían todo lo contrario antes de las elecciones.

http://iuandalucia.org/sites/default/files/iuandalucia_programa2012.pdf

Y parece ser que Rajoy no es el único que no cumple con su programa electoral. Aquí nadie cumple con su programa electoral. Rajoy dice que es culpa de la realidad y Mar Moreno, la consejera de educación, le echa la culpa al gobierno central. El caso es que todos mienten menos en una cosa: los profesores sí somos la base para que el sistema educativo triunfe. Ni los ordenadores, ni las pizarras digitales, ni los libros van a poder sustituir nunca nuestro trabajo.

Este año en Madrid quieren empezar el curso con una huelga indefinida en educación. La experiencia del año anterior les ha hecho ver que esta es la única forma de hacerse oír. Espero que la huelga tenga éxito y que sirva de esperanza para los que acabamos de empezar la lucha.

http://asambleahuelgaindefinida.blogspot.com.es/

Los profesores que querría tener estarán en paro

A Silvia, Juan, Felipe... y todos los que 

merecen un puesto de trabajo 

 Pasado, presente... 

   He tenido la suerte de conocer dos sistemas educativos de secundaria en un periodo de tiempo relativamente corto: acabé COU en 1996 y en 2005 empecé a dar clases como profesor sustituto. Puedo, por tanto, comparar ambos sistemas: el de la ley de 1970 y la LOE (teniendo en cuenta diversas modificaciones desde los 90); así como los recursos, el personal, las condiciones de los alumnos, los agrupamientos... Puedo asegurar, por propia experiencia y teniendo en cuenta todas las que he conocido hasta ahora, que la educación ha mejorado mucho desde entonces. A pesar de que, desde luego, aún está todo por hacer, como no puede ser de otra manera.

   Y eso que, si tenemos en cuenta el presupuesto dedicado a educación en España, en torno a un 4,5% del PIB, más de un 1% por debajo de Argentina, México, Estados Unidos, Francia, Senegal, Finlandia o Marruecos, una cantidad parecida a la que destinan Portugal o Serbia y un 3% menos que Islandia. La conclusión es clara: la educación le sale relativamente barata a la administración, una quinta parte más que a la mayoría de países similares. 

   Y, sin embargo, importa mucho crear la conciencia de que no es así y ocultar con la estadística del fracaso escolar (cuyo porcentaje estaba por fin empezando a bajar) los logros significativos y aún insuficientes de las últimas dos décadas: escolarización del 100% hasta los 16 años, reducción de alumnos por aula, atención a la diversidad (adaptaciones curriculares, diversificación...), medidas de refuerzo, implantación de bibliotecas escolares, utilización de recursos informáticos (webs, aulas virtuales, blogs, sistemas operativos, programas, internet, pizarras digitales...), formación del profesorado... Y todo por un módico precio.

   Es evidente, pues, que el sistema educativo ha cambiado bajo la intención de servir para el progreso de la sociedad. Y en parte lo ha conseguido. Con aciertos. Con errores. 

...y futuro

 

   Pero hay un problema: se avecina un nuevo cambio que no va a ser para mejor. Sus artífices, simplemente, lo reconocen, lo justifican e incluso un círculo de sabios prominentes vaticina que los cambios no empeorarán la educación. Contra toda lógica académica aseguran que el aumento del número de alumnos por grupo o del número de horas de clase impartidas no perjudica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro que la enseñanza privada y concertada, una por definición y la otra por falta de exigencia de las administraciones, tienen trabajadores en peores condiciones y un porcentaje mucho menor de casos que necesitan atención más individualizada (dificultades de aprendizaje, emigrantes...)

   Pensemos un momento y preguntémonos. ¿Se atreverían a decir lo mismo de un médico? ¿De verdad se puede atender igual en el mismo espacio y tiempo a 25 personas que a 35? ¿Se puede recibir e informar correctamente a sus familias? ¿Pueden realizarse en las mismas 7 horas y media semanales las tareas correspondientes a un mayor número de clases? ¿Los profesores dan con la misma solvencia asignaturas que no son de su especialidad? ¿Se prepararán materiales y recursos educativos nuevos? ¿Se organizarán excursiones, visitas, conciertos, recitales, concursos o representaciones? ¿Se "socializarán" mejor los alumnos en aulas llenas, que ya tenían problemas de espacio para 30 personas? Una lista más detallada de las consecuencias de las políticas que el gobierno quiere implantar están en esta lista.

   No quiero idealizar la situación, pues en la enseñanza nunca se puede estar satisfecho. Una de las muchas peculiaridades de este trabajo es esta: siempre se puede mejorar; nunca sirve lo que ya está hecho; cada clase es diferente; cada grupo, distinto. 

   Pero sé que no tengo nada que reprochar a la gran mayoría de mis compañeros. Llevo viéndolos trabajar durante más de siete años y os aseguro que se esfuerzan: buscan libros, textos, vídeos; hablan con las familias de sus alumnos; intentan comprenderlos y ayudarles; los llevan a exposiciones y teatros; se preocupan por sus problemas; procuran ser justos, pero comprensivos; organizan concursos, conferencias, viajes, conciertos...; llegan a asumir tareas y papeles para los que nunca los formaron.

   Sé que no lo hacen todo bien. No siempre se movilizan. A veces fallan. Quién no.

   Sé que sus clases son mejores que las que yo recibí. Me gustaría que hubieran sido mis profesores porque habría aprendido mucho más con ellos. Es muy triste que muchos se vayan a quedar en paro. No se lo merecen. Es claramente injusto, habida cuenta que el número de alumnos en el sistema no bajará y serán atendidos en peores condiciones. Pero el resto intentará hacerlo lo mejor posible. Como siempre. Y luchará por ellos y sus alumnos. No lo dudo.

Viñeta de Sansón: http://blogs.elnortedecastilla.es/rafavega/

Profesores interinos en Andalucía

¿Te imaginas que tuvieras que examinarte cada dos años de los contenidos de toda la carrera para demostrar que tu titulación sigue estando vigente? ¿Te imaginas que tu empresa ofertara tu puesto de trabajo y tuvieras que volver a pasar todo el proceso de selección para demostrarles otra vez, a quienes ya te tienen contratado, que sabes hacer el trabajo que llevas meses desempeñando?

Los profesores interinos andaluces no podemos más. La Junta de Andalucía nos está haciendo pasar por una situación laboral insoportable, estamos sometidos a una tensión diaria que está pasando factura a todo el colectivo.

Esta situación comenzó en el 2010, cuando la Consejería de Educación con el único apoyo de UGT aprobó un decreto, el 302/2010, mediante el cual dividía a los interinos en dos grupos: “interinos con derecho”, todos aquellos que tienen tiempo trabajado antes de junio del 2010, aunque solo sean días e “interinos sin derecho”, aquellos profesores que se incorporaron después de esa fecha.

Los interinos con derecho están ordenados en las bolsas de trabajo por tiempo de servicio como único criterio, mientras que a los interinos sin derecho nos ordenan por la nota de oposición.

Además, este decreto no valora la experiencia y sí los cursos que se pagan a los sindicatos o universidades privadas y que puedo asegurar que no valen para nada. En muchos de ellos incluso te mandan las respuestas de los cuestionarios que hay que cubrir para obtener el título.

Por culpa de este decreto, hay compañeros que perdieron su puesto en las oposiciones de 2011. La mayoría se han organizado y llevan cuatro meses encerrados en la catedral de Sevilla.

La situación actual para los interinos de secundaria es la siguiente:

• Nos tenemos que presentar a las oposiciones de junio de 2012 y nos vemos obligados a aprobarlas de nuevo con una buena nota para no acabar en el paro. Por si alguien no lo sabe, los profesores que estamos ahora trabajando y afectados por el decreto, obtuvimos nuestro puesto aprobando las oposiciones de 2010.
• El temario de las oposiciones de este año fue publicado hace dos meses (BOE 18/11/2011). Son unas oposiciones del Grupo A, con temarios muy amplios que ni las academias ni las editoriales tienen preparados a estas alturas.
• Las pruebas de acceso son diferentes a las de hace dos años. Eliminatorias y con parte práctica.
• Los profesores que llevamos menos tiempo trabajando, por lo general, tenemos sustituciones cortas. Dos o tres meses en un centro y a volver a empezar: nuevo pueblo, nuevos alumnos, nuevos niveles... Si trabajas en educación sabes lo que esto significa y si no, puedes hacerte a la idea.
• Para colmo de males, estas oposiciones se han convertido en un arma electoral para el PPSOE en las elecciones andaluzas. Que la convocatoria esté todo los días en boca de los políticos y de los medios aumenta la ansiedad de los que tanto nos jugamos y tan pocas opciones de salir con éxito nos están dejando.
• Los sindicatos no nos hacen ni caso. Les da igual que no podamos presentarnos a estas oposiciones en las mismas condiciones que los demás interinos, les da igual que no hayamos tenido tiempo para prepararnos, les da igual que nos vayamos a la calle porque ya vendrán otros que harán nuestro trabajo. Interinos de usar y tirar.

En fin, ya sé que en los tiempos que corren todos estamos igual de mal o peor, pero necesitaba explicar la difícil situación en la que nos encontramos los profesores en Andalucía. ¡Qué no solo en Madrid cuecen habas, coño!

Camino de liquidar la escuela pública

   La educación en España tiene un problema. Tanto la situación actual como el periplo tambaleante de los últimos años provienen de una consideración errónea, pues no se ha asumido un principio básico: que la enseñanza pública tiene que impartirse en igualdad de condiciones, que solo tiene sentido si se aplica estrictamente este criterio. Así, debe atenderse a un alumno con las mismas garantías con independencia de cuáles sean su domicilio, procedencia o clase social. De ahí que se extendiera la obligatoriedad hasta los dieciséis años, que existan becas, líneas de transporte, bibliotecas...

   Resulta inadmisible, por tanto, que un estado capitalista subvencione instituciones privadas de enseñanza. La lógica del sistema permite que existan, claro, pero pagando por sus servicios y no sostenidas por dinero público. La trampa es clara, pues los alumnos de estos centros no son atendidos de la misma manera y las condiciones laborales de su personal son bien distintas, así como su reglamento interno y su proyecto curricular, pero el estado los fomenta y protege como especies en peligro de extinción. Se da la paradoja, además, de que esa subvención está aumentando claramente, ya que las comunidades autónomas prefieren asumir el crecimiento del alumnado por medio de esos centros mientras desasisten a los públicos, llegando a darse el caso de que muchas familias, pese a matricular a sus hijos en centros públicos, ven cómo la propia administración los reconduce a los concertados por falta de plazas. Es este desvío de fondos y la inclusión de los centros privados en la red pública la que genera un agravio comparativo.

   Por supuesto, esto ocurre  únicamente en zonas urbanas bastante pobladas y en etapas obligatorias. ¿Cuántos centros privados hay en zonas rurales, cuántos ciclos formativos de formación profesional sin subvención, cuántas facultades privadas de Medicina? Y, sin embargo, ¿cuántos alumnos de concertado pasan a estudiar bachillerato a los institutos cuando ya no les sale gratis a sus familias? El estado cubre, como es su obligación, toda esa oferta educativa "no rentable" para las empresas, pero, sin embargo, mantiene centros que inculcan una moral religiosa y pagan menos y cargan más a profesores que seleccionan con criterios  arbitrarios (básicamente el enchufe que las oposiciones intentan evitar).

   Es una actuación profundamente hipócrita, como lo es desviar a trabajadores públicos a los seguros médicos privados, permitir que los médicos con sueldo público trabajen en el ámbito privado o privatizar empresas públicas que provienen de monopolios. Es, en el fondo, la política pública de quien no cree en las políticas públicas, de quien pretende mantener los privilegios de las élites. De ahí que la disminución del presupuesto de la educación pública, el empeoramiento de las condiciones laborales de sus profesores o su despido encubierto tengan tanta importancia en un curso en el que hay más alumnos (7.928.727) que nunca. Tal es la actitud de los gobernantes que plantean ya sin tapujos el verdadero objetivo del sistema en el que creen: que la educación deje de ser gratuita (no gratis, sino mantenida con los impuestos, que no es lo mismo) y consagre las desigualdades creadas por el sistema económico; que cada uno pague por lo que usa y no que haya servicios comunes para todos. Cuidado, en la actualidad la escuela es de lo poco aue aún nos ofrece alguna garantía de igualdad.

Con la iglesia hemos topado...

Aprender, enseñar

"La educación no consiste en llenar un cántaro sino en encender un fuego"

W. B. Yeats

   Comienza ahora mi séptimo curso como profesor. No es poco, pero conozco gente que ha dado clase durante cuarenta años. Ya es septiembre y, salvo para el protagonista de la canción de Los enemigos, todo vuelve a ponerse en marcha.
   Sin embargo, este no parece un septiembre cualquiera, ya que, al hilo de las últimas decisiones de los gobernantes, la educación está en boca de todo el mundo. Bueno, más bien su presupuesto y los profesores, porque de alumnos o pedagogía no se dice nada.

   Ante semejante situación cabe sentar unas bases y principios sobre cuál es la misión de la educación pública y en qué consiste:

• Debe garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, lo que supone que sea gratuita y, a la vez, obligatoria, para disminuir las diferencias de clase creadas por el sistema económico.
• Debe impartirse en las mejores condiciones posibles (instalaciones, materiales, personal...), pues si no traicionaría el principio anteriormente expuesto.
• Debe pretender que cada alumno desarrolle sus habilidades para desenvolverse en sociedad, su capacidad de comprender y analizar la realidad y actuar en consecuencia (saber no consiste en conocer datos, sino en pensar y tomar decisiones).

   Teniendo esto en cuenta, el trabajo de profesor exige una enorme responsabilidad porque el proceso de aprendizaje de cada alumno es complejo y heterogéneo y porque de él depende en gran medida su desarrollo personal. Además, es una labor colectiva y en continuo proceso de cambio, adaptación y actualización, lo cual la hace, si cabe, aún más interesante.

   Las decisiones políticas de los últimos años, y especialmente las de los últimos meses, contradicen estos principios y por eso el profesorado está protestando y movilizándose, ayudado por el cuestionamiento que gran parte de la sociedad está haciendo del sistema económico, social y político que nos gobierna e incluso de forma más abierta y reivindicativa de lo que pretenden los sindicatos timoratos, sobre todo UGT y CCOO, que han apoyado varias de las propuestas que han llevado a esta situación. Ellos y todos sabemos que rebajar presupuestos y personal, aumentar el número de alumnos por clase, subvencionar instituciones educativas privadas, apostar por el resultadismo académico y un triste y largo etcétera es favorecer a la élite económica, que siempre estará preocupada por lo suyo (los beneficios del capital) y no por lo nuestro, es decir, lo público.

   Ahora bien, esta traición a los principios educativos básicos debe estar apoyada por los alumnos y sus padres, pues nadie debería estar más interesado que ellos en que mejore la educación pública. La conciencia de que esta es uno de los bienes más valiosos de la sociedad debe propagarse, pues, aun con sus defectos, es imprescindible. Habrá que entender entonces que las huelgas y movilizaciones que se desarrollen no son un perjuicio, sino una lucha por reclamar lo justo y que implica a todos.

No hay revolución sin educación